La sostenibilidad consiste en hacer posible las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. El equilibrio de la triple cuenta (aspectos sociales y culturales, económicos y medioambientales), garantiza, al menos conceptualmente, que cualquier actividad tenga posibilidades de pervivir sin comprometerse a sí misma o a su entorno en el futuro.

Hoy, que la cultura de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, está calando cada vez más en la empresa, en las administraciones públicas y en la sociedad, habrá que reflexionar sobre si la carretera es sostenible tal y como la concebimos en la actualidad. Los síntomas son preocupantes: la gran accidentalidad, la congestión del tráfico, las

emisiones de CO2, a la atmósfera (la contribución del transporte por carretera a las emisiones totales de CO2 en los países desarrollados, supone alrededor del 25 %), la contaminación por CO, NOx, partículas, compuestos orgánicos volátiles son un hecho, la escorrentía de aguas contaminadas por hidrocarburos y metales pesados, la modificación del paisaje y los costes asociados a la resolución de estos problemas, nos hace preguntarnos si la sociedad está realmente preparada para absorberlos en el futuro y si la aparente voluntad de las administraciones de trabajar por un transporte sostenible, se traduce en resultados concretos.

La capacidad del medio natural para asimilar los residuos originados por las infraestructuras del transporte por carretera es limitada, sus efectos pueden mitigarse, tanto durante la fase de construcción de la infraestructura, como durante su mantenimiento y explotación, pero la realidad es que no siempre se ponen en práctica las técnicas adecuadas para reducir los impactos no deseados.

Los sistemas de gestión medioambiental, las buenas prácticas voluntarias que deben desplegar todos los actores que participan de una u otra forma en la construcción y en la explotación de la carretera, no están todavía suficientemente valoradas, pudiéndose producir un efecto desincentivador, cuando las administraciones confían la responsabilidad de cada fase del proceso al “más barato”, no al más responsable.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público que ha entrado en vigor el pasado mes de mayo, prevé por primera vez, la consideración de criterios medioambientales en la valoración de las ofertas atribuyéndoles el carácter de obligaciones contractuales esenciales y eso es una gran noticia para las empresas responsables, que disponen de un sistema de gestión medioambiental efectivo.

Está entre las prioridades de las instituciones y así lo manifiestan a diario, (el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT, está comprometido con la progresiva integración de los objetivos de la sostenibilidad en la política de transporte), adoptar soluciones económicamente sostenibles, es decir asumibles en definitiva por la sociedad. La paradoja del transporte es que por un lado se denuncian por los medios, los efectos adversos de la carretera, su impacto medioambiental y de seguridad y por otro existe un acuerdo general en cuanto a su impacto positivo como motor del crecimiento económico y del desarrollo territorial.

El desarrollo sostenible es una de las prioridades para cualquier gobierno, el efecto invernadero, la contaminación atmosférica, están en debate. Los trabajos de la Conferencia Europea de Ministros de Transportes, ponen en evidencia la necesidad de investigar para aportar soluciones, para que la movilidad del ciudadano, se desarrolle de acuerdo con el principio de equidad.

La reducción de la accidentalidad y de las emisiones son los ejes prioritarios de acción de los distintos prescriptores y no solo de ellos, también de usuarios privados y profesionales del transporte, empresas constructoras, concesionarias y de mantenimiento, suministradores de combustibles, fabricantes de productos para la carretera, fabricantes de automóviles, etc.

Gracias a estas acciones y a pesar de que el ciudadano no acaba de percibir todos sus efectos, las emisiones de contaminantes han disminuido, al igual que la accidentalidad, fruto de las medidas tomadas por los distintos actores de la familia del transporte y de los avances técnicos, que han logrado una mayor eficiencia de los motores; a la dieselización de los vehículos y a diseños más seguros. Sin embargo subsiste el problema del dióxido de carbono, que en el caso de la carretera supone alrededor del 80% del total de las emisiones debidas al transporte.

La forma de hacer sostenible la carretera, es hacer sostenibles las operaciones de construcción, mantenimiento y explotación, empezando por la fase de diseño, con una correcta gestión de los recursos naturales (compensación de tierras, adaptación de la traza al terreno, reciclado, etc.); reducción del consumo de energía durante la construcción; reducción de ruidos y emisiones a la atmósfera, al agua y al terreno; paisajismo y protección del patrimonio cultural y protección de la biodiversidad.

Durante la construcción de la carretera hay tres elementos a tener en cuenta en términos de impacto ambiental: el trazado, el medio natural y la seguridad. El primero tiene efectos sobre el paisaje, no hay que olvidar el carácter eminentemente turístico de España, sobre el patrimonio arqueológico y cultural y sobre la propia fauna y flora. Una nueva carretera deja una cicatriz en el terreno que tarda de diez a quince años en integrarse totalmente en el medio, las condiciones del tráfico, el comportamiento de los vehículos, su velocidad, el consumo de combustible y como consecuencia las emisiones deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar la vía.

En cuanto al medio natural los impactos tienen que ver con la biodiversidad y el territorio, las emisiones, las materias primas y la producción de residuos. La zona de influencia física de la carretera alcanza alrededor de 3 a 4 hectáreas de espacio natural por kilómetro de vía, mientras que solo de un 30 a un 40% de la superficie acaba reintegrándose en el medio y no hay que olvidar los impactos indirectos debidos a los diversos centros de producción, no tan próximos a la vía, como las refinerías, cementeras, plantas de aglomerado, acerías, etc.

La prevención de accidentes es un tema capital en cualquier economía desarrollada, que se concreta en:

- Dar al personal, tanto de las plantas como de la propia obra, las condiciones de trabajo más seguras. Se trata de identificar los riesgos y perfeccionar los procedimientos para reducir la accidentalidad y, sobre todo intensificar la información y la formación.
- Garantizar la seguridad del usuario de la infraestructura, para que pueda desplazarse de forma fiable, tratando de minimizar el riesgo de accidentes, para que la calidad de la vía, que suele ser inversamente proporcional a la gravedad del accidente, no se convierta en un riesgo adicional.

Las carreteras sufren el paso del tiempo como cualquier otra infraestructura, su comportamiento dependerá de la calidad de su construcción y por supuesto de la de su mantenimiento. Sin mantenimiento, el nivel de servicio y de seguridad disminuye y durante su puesta a punto se debe, al igual que durante la construcción, limitar los impactos sobre el territorio, tanto en el entorno de la obra como en los centros de producción. Se trata de evitar las molestias propias de los trabajos de reposición y las debidas al propio deterioro de la infraestructura, a fin de mantener el nivel de servicio adecuado a las necesidades del momento.

Los fabricantes de vehículos tienen su cuota de responsabilidad en este empeño, tienen el reto de construir automóviles cada vez menos contaminantes e investigar carburantes más limpios y las energías alternativas. Reforzar las medidas de seguridad y ayudas a la conducción de los vehículos para limitar el riesgo de accidentes.

Los productores de neumáticos deben tratar de mitigar las potenciales molestias inherentes a la fabricación (relativas a su impacto en el entorno y al consumo de materias primas) y a las relativas al propio uso y ciclo de vida. El reto de la adherencia del neumático, no es solo una cuestión comercial, es un aspecto esencial de la seguridad vial en el que se está mejorando cada día.

En cuanto a la explotación de la vía, la gestión racional del tráfico mejora la seguridad vial y los niveles de emisiones. La renovación del parque automovilístico, la gestión intermodal y la propia gestión de la conducta del usuario, que afecta al consumo de combustibles. Los responsables de la explotación de las carreteras deben aportar soluciones a la contaminación atmosférica, al problema del ruido, al impacto sobre el suelo, las aguas superficiales y subterráneas, a los incendios forestales, que son muchas veces consecuencia de la circulación y que pueden paliarse a través de la información y de la educación vial.

Hay mucho camino recorrido, la sostenibilidad, tal como la entendemos en FCC, consiste en andar, no en llegar al final, queda un largo trecho por recorrer, tanto en el campo de la construcción, como en las operaciones de mantenimiento y durante la propia explotación y para aproximarnos hay que seguir mejorando en las siguientes áreas:

- Gestión de los recursos naturales. Tenemos que llevarnos bien con la naturaleza a través de buenas prácticas y un sistema de gestión medioambiental que promueva el desarrollo de procedimientos que garanticen el menor impacto en el medio, generar la menor cantidad de residuos posible y promover el uso de reciclados in situ, que no solo reduce las necesidades de nuevos materiales, sino que supone un considerable ahorro de costes de transporte.

- Reducción de emisiones. Entendiendo por tales las sustancias y ruido, que potencialmente pueden causar molestias o daños tanto al hombre, como a los animales y plantas.

Durante la construcción de la carretera y por un período limitado de tiempo, se producen emisiones significativas, que se reproducen posteriormente pero ya de forma sostenida durante su mantenimiento y explotación. Aunque la tecnología ha conseguido una reducción significativa de las emisiones de los vehículos, el ruido y la contaminación lumínica constituyen un gran problema para las comunidades próximas a una carretera. La escorrentía que recoge los vertidos en la vía, los fundentes, pesticidas y herbicidas, afectan de forma significativa a las aguas superficiales y subterráneas. Las medidas implican a las empresas constructoras y de mantenimiento, fabricantes de automóviles y neumáticos.

- Reducción del consumo de energía. La carretera es un gran consumidor de energía durante su construcción, mantenimiento y por los propios vehículos que la cruzan, que anualmente consumen toda la utilizada durante la ejecución de la obra. También se consumen grandes cantidades de energía en iluminación, señales luminosas, etc.

Durante la construcción el transporte de materiales es la actividad que más energía consume, por este motivo el fomentar el reciclado y el uso de materiales locales tiene una influencia decisiva en la reducción del consumo energético.

- Biodiversidad. El cuidado de las especies es uno de los pilares de la salud del ecosistema próximo, y no tan próximo a la vía y la capacidad que tiene una obra pública (con grandes movimientos de tierra y labores de conservación muy agresivas y por los propios riesgos que genera el tráfico con sus vertidos), de alterar las condiciones de las miles de hectáreas de su área de influencia, son tremendas. Mantener las condiciones del entorno debe ser un compromiso de todos los actores y fomentar el civismo del usuario para evitar incendios mediante campañas de concienciación.

- Paisajismo y patrimonio cultural. La carretera nos permite viajar y disfrutar de nuestro patrimonio, uno de los más ricos de Europa, los poderes públicos tienen la obligación de cuidarlo, extremando el control durante el diseño para que la vía tenga en cuenta la calidad del entorno, integrando la obra en el mismo utilizando especies locales para la revegetación, haciendo que se cumplan las medidas correctoras de forma que el medio pueda recuperarse en el menor espacio de tiempo posible y deseable.

- Cuidado del personal. Que hace referencia a la gestión del personal de las obras y mantenimiento, su contratación, formación y retención de los mejores profesionales, proporcionándoles un lugar de trabajo en las mejores condiciones posibles medioambientales, de seguridad y salud y de desarrollo personal y profesional. Hay que mejorar la satisfacción del empleado, a través de la no discriminación, salarios acordes con su función y responsabilidad y la posibilidad de una formación adecuada.

- Búsqueda de las mejores empresas. Sólo las mejores empresas son capaces de suministrar los productos y servicios que la sociedad requiere y satisfacer las expectativas que se supone, deben presidir el resultado de una buena gestión empresarial, que mejora la toma de decisiones, reduce los riesgos del negocio y a la postre son más competitivas y sostenibles. Los plazos serán más cortos, la productividad mayor, los defectos menores y menor el número de accidentes.